Lo que se avecina

El pasado día 19 de abril, con la constitución del Parlamento y la elección de su presidente, dio comienzo en Andalucía la IX legislatura.

Ningún partido político tiene mayoría absoluta, por tanto, el próximo Presidente de la Junta de Andalucía tendrá que ser elegido en función de las posibles alianzas que conformen los distintos partidos políticos con representación parlamentaria y que, previsiblemente, serán las fuerzas de izquierda: PSOE-A e IU-CA.

Desde hace varias semanas, dirigentes de ambos partidos han venido negociando. Fruto de estas negociaciones es el “Acuerdo por Andalucía” firmado por ambas formaciones políticas. Y también la decisión de los dirigentes de IU-CA, ratificada por su militancia en referéndum del pasado 24 de abril, de participar en la formación del nuevo gobierno:

“Un gobierno fuerte y responsable, comprometido con la defensa de los derechos de los andaluces y andaluzas, comprometido con la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos como prioridad absoluta, comprometido con la defensa del Estado del Bienestar y las políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades en un marco presupuestario de corresponsabilidad con el conjunto del país y comprometido con la austeridad y la ética en el ejercicio de lo público.

Un gobierno comprometido que reconoce que el paro es el principal problema de Andalucía. Que por ello plantea a corto plazo un gran acuerdo por el empleo con la aportación de recursos. Que para aliviar el problema de financiación de la actividad productiva va a crear el Instituto Público de Crédito Andaluz dotado con 1.500 millones de euros.

Un gobierno que mantendrá un compromiso con la austeridad presupuestaria y con eficiencia en la gestión y que apuesta por el equilibrio en las cuentas públicas a medio plazo.”

Un gobierno -esto ya lo decimos nosotros- obligado a destinar gran parte de los recursos a cuadrar las cuentas públicas. Estamos inmersos en una crisis económica y Andalucía ni puede ni debe quedar al margen de la cruda realidad. El próximo gobierno de la Junta de Andalucía deberá acometer necesariamente una serie de medidas que conllevará, quiéranse o no, recortes de gastos que permitan, además, destinar el máximo de recursos a los compromisos recogidos en el “Acuerdo por Andalucía” suscrito por ambos socios de gobierno, todo ello si se quiere iniciar con éxito la senda de la recuperación a través del equilibrio presupuestario. Y entre las medidas a adoptar, necesariamente, deben incluirse las siguientes:

1. Reestructuración de los órganos de la Administración y sus entes adscritos:

Reducción a 8-9 del número de Consejerías, eliminando los órganos directivos creados sin justificación ni necesidad, algunos sin estructura que los soporte, sólo para “cubrir cuotas” o como pago por los “servicios prestados”, eliminando, también, las duplicidades y solapamientos -por ejemplo la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales- que la irracional macroestructura actual provoca en todas las Consejerías.

Acometer la necesaria disminución de la Administración paralela y del ingente número de entes adscritos a las distintas Consejerías. Actualmente entre agencias, fundaciones, consorcios y otros órganos administrativos sin calificar existen 112 y el número de órganos colegiados (consejos, comités, comisiones y observatorios) asciende a 229. Todo ello sin contar los centros especializados agrarios y pesqueros ni las OCAS.

2. Reordenación del sector público andaluz:

Sólo pasa por su marcha atrás de la forma en que actualmente está planteada, acatando y cumpliendo las sentencias que contra la Ley 1/2011 quedan pendientes de ejecución, lo que ha provocado el vacío de competencias y funciones de cientos de funcionarios adscritos a los órganos directivos afectados por aquélla y cortando de raíz la sangría económica que, todos los meses, la misma supone.

3. Eliminación y reducción de partidas presupuestarias prescindibles:

Tales como prensa, revistas, libros y otras publicaciones, publicidad y propaganda, reuniones y conferencias, cursos, protocolo, arrendamientos, comunicaciones telefónicas, etc., sin olvidar la necesaria eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal.

El compromiso del próximo gobierno con la austeridad presupuestaria y su apuesta por el equilibrio en las cuentas públicas no sería creíble si estas medidas no se aplican y, además, de manera inmediata. Deben disminuir -y no aumentar- el número de los entes adscritos y de la Administración paralela -más de 400 actualmente, e innecesarios en muchos casos-. Han de recortarse considerablemente, como se dijo al principio, el número de Consejerías, posibilitando que los funcionarios afectados por la “reordenación” y por dicho recorte realicen las funciones que les corresponde por imperativo legal y que fueron otorgadas de facto a personal externo, funciones por las que el personal externo procedente de la Administración paralela cobra dos y tres veces más -las nóminas de este personal suponen un cáncer económico para las cuentas de la Comunidad-. Deben reducirse y eliminarse determinados gastos absolutamente prescindibles, y sobre todo, las “generosas” y cuantiosas subvenciones a sindicatos y patronal. Han de aplicarse necesariamente estos recortes y destinar el ahorro que los mismos suponen -cientos de millones de euros- a alcanzar el equilibrio presupuestario establecido en la Ley, y si, además, es posible, a cumplir los compromisos adquiridos por los futuros socios de gobierno, PSOE-A e IU-CA, que se recogen en el citado “Acuerdo por Andalucía”.

Estas medidas, junto con las recogidas en nuestra editorial del pasado 20 de mayo de 2010, y otras muchas que seguiremos ampliando y desarrollando, aportadas por quienes formamos parte de la Administración -y, por tanto, perfectos conocedores de los gastos superfluos, innecesarios y quasi delictivos, absolutamente prescindibles para el progreso adecuado de la sociedad a la que servimos- debieran convertirse en el punto de inflexión de unas cuentas públicas ahora mismo estancadas, cuando no en absoluto declive, hacia otras formas más dinámicas basadas en el adiós al derroche y en la confianza de los ciudadanos.

Por último, desde El Tercer Lado lamentamos la ausencia de compromiso de IU al “tragarse” el desarrollo reglamentario de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz sin pronunciarse sobre su derogación como, ante notario, firmó durante la pasada campaña electoral y entendemos que la transparencia, la lucha contra la corrupción y la ética en el ejercicio de lo público -en una palabra, la credibilidad que, junto a los recién llegados, los añejos dirigentes políticos de la Junta de Andalucía deben recuperar- pasan simplemente por cumplir y hacer cumplir las normas, por actuar con la firme voluntad de prevenir abusos apartando a los corruptos y llevándolos ante los tribunales y, principalmente, por la creación de una auténtica Comisión de Investigación del caso de los EREs en el Parlamento Andaluz -sin tener que esperar a la prometida reforma de su reglamento- alejada del paripé y con capacidad para emitir un informe final objetivo e imparcial fundado en derecho.

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No ofende quien quiere...

La Junta Directiva de la Asociación El Tercer Lado, MANIFIESTA SU REPULSA por las declaraciones realizadas por el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mediante las que, una vez más, se arremete de manera injusta contra los funcionarios públicos. Repugna la expresión de que los funcionarios deben "olvidarse del cafetito y de leer el periódico", para ligar el trabajo con la competitividad, la responsabilidad y la productividad.

En declaraciones desafortunadas y de preocupante ignorancia, los funcionarios volvemos a ser blanco de unas injustas críticas, señalándonos como culpables de los males económicos. Si el país está hecho unos zorros no parece que sea sólo por los funcionarios; alguna responsabilidad tendrá el hacer o dejar de hacer de la clase política, confortablemente establecida en la cima de los poderes legislativo y ejecutivo. El Secretario de Estado se muestra como un absoluto desconocedor del trabajo del común de los servidores públicos, su abnegada entrega al ciudadano, su adecuada preparación para prestar el mejor de los servicios posibles, aunque cada día con menos medios. El responsable político ha de canalizar su estrategia en motivar al empleado público e integrarlo en la organización, por el contrario no excluirlo o relegarlo y mucho menos denigrarlo.

Es fácil presentarnos como cabeza de turco. Nunca se habla del tesón, preparación y sacrificio que se dedica para aprobar unas oposiciones. ¡Qué fácil resulta descalificar y criticar cuando jamás se han intentado superar las pruebas pertinentes y, por tanto, se desconoce el esfuerzo inicial y continuo que tal empeño supone!

Los funcionarios públicos, en los últimos años, hemos sufrido una persecución y un acoso exacerbados, a punto del derribo, como jamás se había conocido: Constantes recortes en nuestros derechos, ya no sólo como funcionarios públicos sino como ciudadanos, con los tijeretazos de sueldo a nivel nacional y, en Andalucía, con la aprobación de la Ley de la Reordenación del Sector Público ,la usurpación de las potestades públicas por parte de empresas privadas y el abuso en el nombramiento del personal de confianza.

La obligada e insuficiente rectificación hecha pública por el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas llega tarde. El Tercer Lado, que pretende la defensa de la dignificación de las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas y la implantación de la responsabilidad y de la moralidad -no sólo de la legalidad- en la gestión pública junto a la promoción y mejora de las medidas que conduzcan a una optimización de la actividad y de los recursos de las Administraciones Públicas y al desarrollo profesional de sus empleados, exige el máximo de los respetos al empleado público de manera que no se generalicen y se consagren como habituales comportamientos singulares de unos pocos que no representan al colectivo.

En todo caso, en las manos de los políticos que rigen la Administración, y en las propias leyes, están las herramientas para que el “cafetito y la lectura del periódico a deshora” se topen con la sanción que las mismas prevén. Tan fácil como, tirando de voluntad, cumplirlas y hacerlas cumplir.

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Reflexiones post electorales. Entre la esperanza y el escepticismo

El pasado día 25 de marzo se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía. Sin entrar en otras valoraciones, del resultado de las mismas se desprende que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta. Eso significa que ya no habrá posibilidad de imponer el criterio del partido gobernante. Se vislumbra, por lo tanto, un posible acuerdo entre PSOE e IU, teniendo esta última formación mucho que decir en la obligada regeneración de las instituciones de la Administración Autonómica.

Regeneración a todas luces necesaria, dado que los actuales dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no han sido honestos, ni austeros ni tampoco han sido un ejemplo de transparencia y buen gobierno, como proclaman. No sé si es que son unos irresponsables, o sólo han hecho un uso irresponsable de los recursos públicos, que a la postre es lo mismo. Lo que sí hay que reconocerles es que han sido solidarios, y mucho pero, eso sí, con ellos mismos y con los suyos -esto es lo único que de verdad les ha ocupado y preocupado-. Nunca han buscado el interés general, sólo han perseguido el beneficio de unos pocos.

Como ciudadano y empleado público deseo y confío en que los dirigentes políticos de Izquierda Unida, desde el poder o dando apoyos al mismo, sean partícipes de una Administración en la que se cumplan y se hagan cumplir las normas y donde el interés general asuma todo el protagonismo.

Todavía hoy, a pesar de mis años, quizás ingenuamente, sigo pensando que no hay partidos políticos corruptos, sino personas corruptas en los partidos políticos, pero echo de menos esa tolerancia cero frente a la corrupción que los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía tanto mencionan pero que jamás aplican. Y es que determinadas actuaciones que dan lugar a un uso fraudulento de los recursos públicos, no hubieran sido posibles en el pasado, no lo serían hoy y tampoco lo deberían ser en el futuro, si desde el poder existiera la firme voluntad de acabar con ellas.

Y el mejor ejemplo -no el único- de que dicha voluntad no ha existido en el pasado se refleja en el caso de los EREs. Llevo varios lustros prestando servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, y puedo afirmar sin temor a equivocarme que nada ocurre en una Consejería sin que tenga conocimiento el Consejero de turno. Es más, nada se hace sin su absoluto consentimiento. Y ya no digamos si hablamos de procedimientos irregulares de concesión de ayudas que han sido ideados y puestos en marcha por los propios Consejeros bajo cuyos mandatos se han producido los hechos delictivos -malversación de fondos públicos- y que han dado lugar al citado y deleznable caso del “fondo de reptiles”. Y cuando hablamos de disposición de fondos, el fraude sólo puede haber ocurrido con la connivencia, por acción o dejación, de los responsables políticos de la Consejería de Hacienda. Y lo que es peor: ni nadie dimite, ni nadie es cesado.

Confío que con la nueva legislatura en el Parlamento Andaluz se cree la necesaria Comisión de Investigación de este escandaloso y vergonzoso caso, que no se convierta en un paripé y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Que la voluntad sigue sin existir hoy se pone de manifiesto con el empecinamiento en conservar algo que tiene fecha de caducidad, la ley 1/2011 o “del enchufismo”, contra la que se pronuncian día sí, día también, los Tribunales de Justicia. También en algo constatable y de público conocimiento, y es que todos los días siguen colándose familiares, allegados y afines por la puerta de atrás, contratándolos como siempre, con la preceptiva y fraudulenta autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Ninguna Consejería está libre de pecado, pero donde estos hechos se producen de una manera escandalosa, por el número y los apellidos de los afortunadamente “seleccionados”, es en la de Innovación, Ciencia y Empresa. Y desde el poder a nadie se le cae la cara de vergüenza.

Espero -y exijo- que con la nueva situación política se acaten y cumplan las sentencias que contra la ley 1/2011 hay pendientes de ejecución, y que ésta se modifique de manera que haya un único modelo de Agencia: la Pública Administrativa, tal y como recoge el programa electoral para las elecciones autonómicas de Izquierda Unida, firmado ante Notario.

Igualmente espero y confío que las ingentes e inminentes rescisiones de contratos del personal externo -las van a hacer, sí o sí- se realicen objetivamente, sin hacer excepciones, y sin tener en cuenta los nombres y apellidos de los afectados. También confío que el Plan de Eficacia y Transparencia Administrativa de Andalucía, que garantice el acceso y el derecho de los ciudadanos al Empleo Público bajo los criterios ¡ojo! -que no principios- de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, recogido en el programa electoral de Izquierda Unida, no suponga el mantenimiento dentro de una pretendida legalidad, de la situación expuesta anteriormente, es decir, de seguir colando por la puerta de atrás a más familiares, allegados y afines, ahora también de la nueva y citada fuerza política que lo propone.

Y por último, para el futuro hay que acabar con estas lacras. Hay que mejorar los mecanismos de fiscalización y control permanente del gasto público, reforzando su independencia funcional. Contra los políticos corruptos hay que instaurar procedimientos idénticos para supuestos iguales (subvenciones, ayudas, etc.) que aparten la discrecionalidad en su concesión. Y para los que propicien o hayan propiciado actuaciones corruptas, se debe exigir para ellos que respondan de sus actos en las instancias correspondientes, bien sean políticas o judiciales.

Es el momento de hacer lo que se dice, de cumplir con los compromisos, incluso los electorales. Ya está bien de palabras.

Feliciano José Galán Merino, vicepresidente de la Asociación El Tercer Lado.

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